Colombia atraviesa una de las más graves crisis de este siglo, como resultado de procesos que se vienen desarrollando en las últimas décadas y que se han agudizado por factores tanto internos como externos. La combinación de factores estructurales y coyunturales, internos y externos determinan la complejidad de la actual situación y las dificultades para encontrarle una salida. Durante el último
medio siglo la sociedad colombiana experimentó una serie de cambios
modernizantes que transformaron sus estructuras económicas y sociales, generaron nuevos conflictos y favorecieron la emergencia de nuevos actores sociales y políticos. La modernización se tradujo en una economía dinámica, con un crecimiento sostenido, acelerada urbanización y amplia diversificación social.
Los factores de la crisis
Entre 1989 y 1991 Colombia se encontró en una coyuntura crítica que tuvo su más clara expresión en la crisis de legitimidad del régimen de representación política de los partidos y en el desbordamiento de la violencia. El proceso constituyente de 1991, que desembocó en la nueva Constitución, permitió superar parcialmente la crisis de legitimidad, pero no la de representación política ni apaciguar el
desbordamiento de las violencias. La expedición de una constitución que consagró la democracia participativa y el papel del Estado en la construcción de un estado social de derecho, simultáneamente con el fortalecimiento de un modelo de desarrollo aperturista que ha sido orientado a la reducción del papel del Estado, ha sido uno de los factores que han contribuido a poner de presente el cúmulo de
problemas estructurales no resueltos en el pasado: la concentración de riqueza, la cuestión agraria, la impunidad, las violencias, entre otros. Estos problemas constituyen el telón de fondo de la actual crisis. El resultado ha sido el creciente déficit de legitimidad del Congreso y los partidos, y la profundización de la crisis de representación política. Aunque estos factores estaban presentes de tiempo atrás, los presidentes habían permanecido tradicionalmente libres de cuestionamientos. La gravedad de la crisis política actual tiene que ver con el hecho de que, en un régimen fuertemente
presidencialista como el colombiano, sea en esta oportunidad el propio primer mandatario el centro de los cuestionamientos.
La absolución del presidente Samper en agosto de 1996, no logró recuperar la credibilidad perdida y por el contrario el resultado del juicio, adelantado por la Cámara de Representantes del Congreso, terminó aumentando el desprestigio de la clase política. Además tuvo una inmediata respuesta por parte del gobierno norteamericano, que ordenó la cancelación de la visa del presidente colombiano y
amenazó con severas sanciones políticas y económicas. Con lo cual terminó de configurarse un nuevo elemento coyuntural: la dimensión internacional de la crisis política colombiana.
. Si bien es política, la prolongación de la crisis está afectando
otras dimensiones de la vida nacional. El escenario es de acentuada incertidumbre y la permanencia del presidente se ha convertido en un factor de polarización interna. En contra de su permanencia se han manifestado núcleos empresariales representados por el Consejo Gremial Nacional, que agrupa a 15 de los más importantes gremios económicos; el sector mayoritario del Partido Conservador; la
Iglesia Católica y la mayor parte de los medios de comunicación. Al lado del presidente han permanecido, sin embargo, los grandes conglomerados económicos y la mayoría de la bancada liberal, y a su alrededor han tomado posición algunos sectores sindicales agrupados en la Confederación Unitaria de trabajadores, cuyo presidente fue llamado a la cartera de Trabajo, y grupos políticos minoritarios, agrupados en el movimiento Alianza por Colombia, que defienden la gestión presidencial invocando el contenido social de su programa de
gobierno.Con todo, pese a los niveles que ha alcanzado la confrontación, aun los más acérrimos enemigos del gobierno han comenzado ya a reconocer el fracaso de los llamados «conspiradores», el cual se atribuye al enorme despliegue de poder de que ha hecho gala el gobierno, haciendo uso de todas las herramientas económicas y políticas a su alcance para comprar apoyo político, y muy especialmente a la ausencia de movilización ciudadana y de una oposición unificada.A los factores coyunturales ya descritos, se suma la desaceleración de la economía que, si bien puede ser interpretada en buena medida como resultado del cambio de modelo y de la forma como se adelantó la política de apertura,
responde parcialmente a la incertidumbre política que terminó por afectar el curso
de los negocios.
El gobierno, que había previsto un crecimiento del PIB en 1996 de 4,9%, ha tenido
que ir ajustando su estimativo y calcula que la economía podría crecer 3,5%
